Actividad 8 de mayo

 

La pregunta es: ¿habrá una responsabilidad civil del estado de Chile por vulneración de Derecho a la educación a partir de la implementación de clases telemáticas?

Objetivo de la bibliografía: objetivo demostrar la posibilidad de imputar al estado como responsable civil por falta de servicio debido a la vulneración de derecho a la educación a través de clases telemáticas.

 

Borie Mecklenburg, N. ., Guerra Cortés, V. ., & Salinas Figueroa , P. . (2022). RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ESTADO POR VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN POR LA IMPLEMENTACIÓN DEFICIENTE DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA REALIZACIÓN DE CLASES TELEMÁTICAS EN PANDEMIA. Revista De Ciencias Sociales, (81), 235–278. hUps://doi.org/10.22370/rcs.2022.81.3568

 

Ideas principales: De acuerdo con la fuente entregada, podemos destacar las siguientes ideas:

1-      El estado tiene el deber y responsabilidad de proteger, garantizar y respetar los derechos fundamentales de las personas, incluyendo así el derecho a la educación.

2-      La desigualdad académica y socioeconómica se vio visibilizada durante la pandemia con las clases telemáticas, evidenciando que no todos tenían el acceso suficiente a los recursos necesarios. Especialmente quienes vivían en zonas rurales.

3-      Hubo un fallo en la coordinación de las organizaciones gubernamentales, lo que implica una vulneración al derecho a la educación, y en consecuencia el daño debiera ser indemnizado.

 En esta revista, los estudiantes de Derecho de la Universidad de Valparaíso plantean que la desigualdad académica y socioeconómica se vio visibilizada durante la pandemia con las clases telemáticas, evidenciando que no todos tenían el acceso suficiente a los recursos necesarios. Especialmente quienes vivían en zonas rurales. Debido a estas diversas implicaciones, hubo un fallo en la coordinación de las organizaciones gubernamentales, lo que implica una vulneración al derecho a la educación. Respecto a la argumentación como operación discursiva en el contexto académico, es imprescindible señalar que “Si bien es cierto que la conectividad ha aumentado de manera exponencial los últimos años, esta no es la realidad de determinados grupos de personas que históricamente se han visto desproveídas de los servicios de conexión a internet” (Borie, et al., 2022, p. 235–278)., y en consecuencia el daño debiera ser indemnizado porque el Estado tiene el deber y responsabilidad de proteger, garantizar y respetar los derechos fundamentales de las personas, incluyendo así el derecho a la educación.

Dicha revista es útil para visualizar dicha responsabilidad del Estado respecto a su deber de garantizar un derecho, que en este caso sería el derecho a la educación, dejando en claro que por consecuencia, si no cumple con su deber debe indemnizar el daño causado.